Caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas —cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.— llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados, y ramificaciones en localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.

En julio de 2012, el sumario principal del caso quedó visto para sentencia,^[1]​ y también la causa secundaria por blanqueo de capitales.^[2]​ El caso Malaya se juzgó en la Audiencia de Málaga, con sentencia condenatoria, celebrándose la vista del recurso de casación en julio de 2014 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encontrándose pendiente de la sentencia de casación. La causa por blanqueo de capitales ha concluido con una sentencia condenatoria, que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Se denomina así por el método de tortura malayo o de la gota china, en la se inmoviliza al preso y le cae una gota de agua cada cinco segundos produciéndole daños en la piel pero también la imposibilidad de dormir.^[3]​